El Gobierno, dispuesto a liquidar las autoescuelas de España mientras miente a los examinadores de la dgt y desatiende a los y las aspirantes a carné de conducir
No sé si tenía razón Confucio cuando afirmaba que “gobernar es rectificar”. Lo que tengo muy claro es que aquellos que son incapaces de rectificar, de reconocer sus errores, no merecen disponer de la responsabilidad de administrar el interés colectivo, más que nada, porque anteponen su orgullo a la resolución del problema. Y esto es lo que me parece que está pasando con el tándem Serrano-Cremades al frente de la DGT.
La DGT llegó hace dos años a un acuerdo con los examinadores para, entre otras cosas, subirles el sueldo a través de un complemento específico de unos 250€/mes. Puede parecer mucho o poco, cada uno tendrá su opinión. Lo cierto es que actualmente un examinador cobra prácticamente lo mismo que un administrativo o auxiliar administrativo que está en oficinas, cuando parece obvio que se trata de una especialización bastante singular. Por otra parte tanto el actual Ministro del Interior como el Director de la DGT han hecho declaraciones manifestando que les parecen justas estas subidas porque se trata de un puesto que está desincentivado y es poco atractivo. Tal es así que prácticamente nadie solicita este destino.
Es bueno saber que se trata de un servicio muy rentable para las arcas del Estado. El total de tasas recaudadas por derechos de examen teórico y práctico de carné de conducir en 2016 ascendió a 114,4 millones de euros, mientras que la plantilla de 756 examinadores le costó al Estado alrededor de 23 millones de euros. Y en 2015 las cosas no sucedieron de modo diferente, pues la DGT recaudó por la tasa de exámenes 109,7 millones de euros, como asegura la principal patronal de autoescuelas, CNAE.
¿Por qué, siendo así, el gobierno de España se niega a cumplir con la palabra dada en 2015 y aplicar la subida que supondría en total unos dos millones y medio de euros al año? El presupuesto de la de DGT de 2017 es de 907 millones de euros, de los cuales 740 millones son para seguridad vial. Por otra parte el Gobierno rechazó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para aumentar en 3 millones la partida de la DGT para el personal funcionario, enmienda presentada por el Grupo Socialista.
La verdad es que me es imposible contestar a esta cuestión. El actual Director de la DGT, Gregorio Serrano (no estaba en este cargo en 2015, pero sí Cristóbal Cremades, Secretario General del organismo), afirmó recientemente en sede parlamentaria que el acuerdo de desconvocatoria de huelga de 2015 sólo les concernía a los responsables de la DGT en el sentido de «elevar la petición a la CECIR» (básicamente a Montoro). Vamos, que su compromiso era hacerle esta solicitud al Ministerio de Hacienda, y que los examinadores se contentaron con esta solución ajena a todo compromiso de ejecución material. Como si estos fueran tontos.
Para quien no lo sepa la DGT -realmente la Jefatura Central de Tráfico- es un organismo autónomo que “tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar, y dentro de su esfera de competencias, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en las normas. Se rige por las disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y por todas las normas que resulten de aplicación, sin perjuicio de las peculiaridades contenidas en las normas que se vayan publicando.” Cualquiera pensaría que firmar un acuerdo con un organismo autónomo no podría estar supeditado a Hacienda, y si fuera realmente así, debería ser Hacienda la que suscribiera el acuerdo que conllevó la desconvocatoria de huelga de 2015.
El problema es que para el Gobierno de España del PP, gobernar no es pactar; sino mandar y tener facultad para saltarse incluso los acuerdos. Entienden que pactar es ceder, en lugar de comprender que acordar es avanzar. Es un problema patológico en el PP de Rajoy y Cospedal, como hemos podido comprobar en innumerables ocasiones.
Para demostrar que no es tan difícil sentar en una mesa a todas las partes afectadas por este conflicto, celebramos la semana pasada una reunión en el Congreso de los Diputados en el que los únicos ausentes fueron el PP y la DGT. De la misma salió el siguiente comunicado: “Reunidos, de una parte, los representantes del sector de las autoescuelas en una situación agónica debido a la imposibilidad de examinar a los aspirantes para la obtención del permiso de conducir, de otra, los funcionarios examinadores de la DGT reivindicando el cumplimiento del compromiso adquirido en 2015, en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios PSOE, UNIDOS PODEMOS-ECP-EM, CIUDADANOS, ERC y PNV coincidimos en la necesidad de desbloquear la actual situación de conflicto dada la alarma social y la urgencia reconocida por el propio Director General de Tráfico: Solicitamos conjuntamente al Gobierno de España que cumpla con carácter inmediato el compromiso adquirido en 2015 de aumentar el complemento específico a los funcionarios/as examinadores/as prometido que desbloquearía la situación y que llevaría a la reanudación inmediata el servicio de exámenes.”
Pero los examinadores, que tienen toda la razón, solo son una parte de este problema que está provocando el Gobierno del PP y su obsesión por incumplir la palabra dada. Las autoescuelas, grandes paganas de esta situación, ni tan siquiera tienen en su mano hacer nada para evitar la ruina económica que están padeciendo y que amenaza con acabar con todo un sector del que viven unas 30.000 familias en nuestro país y que está formado fundamentalmente por microempresas. Y es que claro, sin exámenes no hay alumnos. Según calcula CNAE, unos 150.000 alumnos esperan sin poder examinarse. Se trata de personas que necesitan el carné de conducir, y que en algunos casos ya han pagado incluso las tasas de examen. Ya se han presentado en el registro del Defensor del Pueblo más de 10.000 firmas de aspirantes a conductores de toda España, que no han podido examinarse pese a haber abonado la correspondiente tasa.
Éste es el panorama, más de 6.000 personas se quedan cada día de huelga sin examen. Las pérdidas, unos 20 millones de euros, casi 10 veces más de lo que costaría arreglar este problema cumpliendo lo firmado en 2015 como denuncia ASEXTRA, la organización que aglutina a la mayoría de examinadores de la DGT.
Como bien dice el presidente de CNAE Jose Miguel Báez «la pasividad de la Administración está condenando a decenas de miles de ciudadanos a no sacarse el permiso de conducir cuando tenían previsto; es inconcebible que el Gobierno haya decidido esperar a que la huelga de los examinadores se agote por sí sola».
El Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, nos contestó al Grupo Socialista en la Comisión de Seguridad Vial que no había un problema económico pues la DGT disponía de remanentes. Aseguró que consideraba justa la reivindicación de los examinadores. Y rechazó una enmienda de 3 millones de euros propuesta por el PSOE ¿Cuál es la razón para no cumplir entonces lo que firmaron en 2015 y hoy consideran “justo”?
Las autoescuelas han perdido en este periodo más de 20 millones de euros y aun no hemos llegado a los mejores meses que son septiembre y octubre para el sector. El Estado ha dejado de recaudar unos 12 millones de euros en tasas desde que comenzó el conflicto. La DGT tiene remanentes, según afirmó su máximo responsable. El PP dijo no a una enmienda de 3 millones del PSOE para esta cuestión.
Decía Einstein que “la formulación de un problema, es más importante que su solución”. Aquí el problema no puede ser sino la prepotencia de un gobierno que se niega a cumplir la palabra dada aunque nos esté costando enormes sumas de dinero su estúpida postura. La mejor solución sería rectificar y aprender de las palabras de Confucio. En caso contrario habría que cesar a quien se niega a materializar una solución sencilla, viable, justa y positiva para todos los afectados y para el conjunto del país. Porque el próximo paso, mucho más costoso que resolver el problema del específico de los examinadores, será el tener que establecer ayudas a fondo perdido a las autoescuelas para evitar su desaparición, descuentos fiscales o compensaciones por el daño sufrido.
¿Le habrá merecido la pena a alguien?
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