El problema es el encubrimiento
Escuchaba hace unos días a Iñaki Gabilondo, a propósito de la proliferación de casos de pederastia en la Iglesia Católica, que lo que la sociedad no podía comprender ni tolerar de la actitud de la Iglesia, a su juicio, estaba en el encubrimiento. De hecho, de sus palabras se derivaba que sin el encubrimiento, se habrían evitado muchísimos abusos en esta materia. Y estoy de acuerdo con él. Creo que la jerarquía de la Iglesia tiene una deuda en este sentido por supuesto con las víctimas, pero también con los muchísimos sacerdotes ejemplares que son abrumadora mayoría y con sus fieles. Parece que el Papa Francisco está dispuesto a intervenir y es justo reconocerle su valentía en este empeño.
Gabilondo tiene razón. El problema está en el encubrimiento, en la decisión de tapar e invertir más esfuerzo en esta cuestión que en corregir, en revertir o en evitar. Con frecuencia he expresado que el problema de la corrupción en España no es que tengamos una mayor propensión al delito y al abuso de poder de los políticos que en otros lugares, sino que en nuestro país los partidos no se han dedicado a combatir la corrupción salvo cuando era para atacar al adversario. Y esto nos ha llevado a una naturalización del fenómeno y a un envilecimiento general que ha perjudicado a la abrumadora mayoría de políticos honrados. Ciertamente en los últimos años, y tras la oleada de casos vergonzantes, algunos partidos, creo que el que más claramente lo ha hecho ha sido el Partido Socialista, también han actuado cuando los casos han sido públicos y notorios. Pero sigo pensando que esto, en sí mismo, no es muy meritorio. Intervenir cuando algo se sabe podría pertenecer más a la categoría de protegerse que a la de ejemplarizar.
Acabaremos con la corrupción, con la mayoría de la corrupción y desde luego con la sensación de que la atmósfera política está putrefacta, como acabará la Iglesia con la mayoría de casos de abusos a menores en su seno, cuando desde la primera detección de una irregularidad, los partidos actúen internamente de manera inmediata. Cuesta mucho creer que quienes más cerca están de aquellos que cometen ilegalidades, sus compañeros, sean ajenos o absolutos desconocedores de lo que está sucediendo. No suele ser así.
Un sistema ético ideado para prevenir y para impedir la comisión de ilegalidades no puede apoyarse en el conocimiento público o general para actuar. Y menos en la justificación gregaria de los actos devaluando su importancia, relativizándola.
Esto he pensado siempre y lo he llevado a la práctica donde he tenido responsabilidades, generándome a partes iguales antipatías y enemistades, también algunos apoyos. Pero lo hago por pura convicción y seguiré promoviendo para la política en mi país, como para cualquier actividad humana, la instalación de reglas éticas compatibles pero no sustitutivas de las normas legales que mejoren nuestra sociedad. Unas reglas sin encubrimientos, sin excusas, que no justifiquen la comisión de hechos deshonestos en virtud de una lealtad aborregada e interesada, que persiga el ideal democrático del interés común frente a la protección personal o partidaria. Se lo debemos a los políticos buenos como la Iglesia se lo debe a sus fieles y a sus curas buenos. Pero se lo debemos más al conjunto de la sociedad, al bien común.
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